Tras la polémica por las casas para inundados, se frenó la devolución de los desembolsos que Entre Ríos adelantó para evitar que las obras se paralicen
El 10 de agosto de 2018 el gobierno provincial anunció que la Secretaría de Vivienda de la Nación (SVN) había cancelado 115 millones de pesos de la deuda que mantenía con la Provincia, calculada en 470 millones de pesos a fines de julio.
El tema había sido motivo constante de reclamos de la Provincia al gobierno nacional, encabezados por el titular del IAPV, Marcelo Casaretto; y también motivo de reclamo de los trabajadores del organismo provincial de la vivienda. Los empleados del organismo estatal protagonizaron jornadas de protesta que tuvieron por objetivo poner el tema en la agenda política. Ese primer pago pareció descomprimir la relación entre el gobierno provincial y el nacional, a tal punto de que a fines de octubre se firmó, en la Secretaría de Vivienda de la Nación, un acuerdo para la ejecución de 500 unidades habitacionales para Paraná, que serían financiadas por la Nación y la Provincia. Se indicó incluso que las primeras 100 comenzarían en los próximos meses.
La deuda se había generado en pagos que la Provincia realizaba para evitar que se frenaran las obras, pero que correspondían al porcentaje que debía afrontar la Nación. Posteriormente la situación volvió a complicarse y los pagos (devolución de lo anticipado por la Provincia) se frenaron. Además, tras la publicación de un informe de UNO sobre el incumplimiento del gobierno nacional en la construcción de más de 1.800 viviendas para inundados la relación alcanzó picos de máxima tensión con cruces de fuertes declaraciones.
Fueron varios los funcionarios nacionales, todos del Ministerio del Interior que encabeza Rogelio Frigerio, quienes criticaron duramente al gobernador, Gustavo Bordet, y a sus funcionarios por el manejo que tiene la Provincia en materia de viviendas sociales.
Estancamiento
Durante las últimas horas el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Marcelo Casaretto, actualizó la información sobre la deuda y señaló que la Secretaría de Viviendas volvió a frenar los pagos. “Las obras en marcha en el Programa Techo Digno, Plan Nacional de Viviendas tienen un financiamiento compartido entre ambas jurisdicciones. En los últimos meses se entregaron 2.075 viviendas por este programa.
Los plazos originales de obra estaban entre 10-12 meses, y se terminaron entregando en 36-48 meses por las demoras de los fondos de Nación. Y se concluyeron en este plazo gracias a que la Provincia decidió aportar el 100% de los fondos para no paralizar las obras y reclamar luego a la Nación los aportes comprometidos”, recordó Casaretto.
Sobre el crecimiento de la deuda, indicó: “Una parte de la deuda ya ha sido procesada en la SVN (73 millones de pesos) en sus etapas de liquidaciones, preventivo y devengado, está listo para pagar, pero con importantes demoras.
Otra parte (118 millones) está presentado en SVN y está entre sin registrar y en certificaciones, en general, pendientes desde hace varios meses. Y la otra parte son Redeterminaciones de Precios (371 millones)” que corresponden a “la evolución de los precios de la construcción producto de la inflación de 2016, 2017 y 2018, por la diferencia entre los precios originales y los de cada pago, según lo establecen los Convenios entre Nación y Provincia, y con las empresas. “Cada uno de los certificados de obra fue aprobado por los organismos de control, Contaduría General y Tribunal de Cuentas.
Las rendiciones ante la SVN fueron realizadas de acuerdo a las pautas acordadas. Las observaciones realizadas a algunos certificados fueron respondidas de inmediato. Los funcionarios nacionales como el ministro del Interior y las autoridades de la SVN han participado de las entregas de estas viviendas, lo que les ha permitido constatar personalmente las viviendas terminadas”, destacó Casaretto a UNO.
